1934. Cuando Hitler tomó el control total del Estado en Alemania
El 2 de agosto de 1934, Adolf Hitler concentró en su figura la jefatura del Estado y del gobierno alemán, disolviendo la presidencia tras la muerte de Paul von Hindenburg. Ese mismo día, las Fuerzas Armadas juraron lealtad directa al Führer, no a la Constitución.
La muerte de Hindenburg y el ascenso de Hitler
El 2 de agosto de 1934 marcó un punto de inflexión en la historia política de Alemania. Ese día falleció Paul von Hindenburg, presidente del Reich desde 1925 y último obstáculo institucional entre el régimen nazi y el poder total. Apenas se conoció su muerte, Adolf Hitler, ya canciller desde enero de 1933, fusionó mediante decreto las funciones de canciller y presidente, asumiendo así el nuevo título de Führer und Reichskanzler.
Esta concentración de poder no fue improvisada. En los días previos, el gabinete había aprobado una ley que permitiría la supresión de la presidencia en caso de fallecimiento de Hindenburg. El objetivo era claro: evitar elecciones y facilitar el control total del aparato estatal por parte del Partido Nacionalsocialista.
Juramento de lealtad a Hitler y militarización del Estado
La transformación institucional se completó el mismo 2 de agosto, cuando los miembros de la Wehrmacht realizaron un nuevo juramento de fidelidad. A diferencia del anterior, que se dirigía a la Constitución de Weimar, este nuevo juramento no mencionaba al Estado alemán, sino que comprometía directamente a los soldados con la persona de Adolf Hitler.
El acto tuvo profundas implicancias políticas y simbólicas. Al someterse a la autoridad directa del Führer, las Fuerzas Armadas sellaban su subordinación al régimen nazi. Esta medida, en apariencia administrativa, consolidó el control absoluto del poder por parte de Hitler y neutralizó cualquier posibilidad de resistencia militar dentro del sistema legal.
Fin de la República y consolidación del Tercer Reich
La unificación de cargos dejó sin efecto los principios de división de poderes que habían regido la República de Weimar. Aunque la dictadura nazi se venía gestando desde hacía más de un año, este evento selló formalmente el fin del orden democrático. Desde ese momento, el Estado alemán quedó sometido a un liderazgo sin contrapesos, amparado por una estructura legal vaciada de contenido.
Las consecuencias fueron inmediatas. La centralización del poder permitió al régimen implementar sin restricciones políticas sus planes expansionistas, represivos y raciales. Esta transformación institucional sería una de las piezas clave para entender la escalada hacia la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto.
Una fecha que anticipa el siglo más oscuro
A noventa años del hecho, la efeméride invita a una reflexión crítica sobre los mecanismos institucionales que habilitan la concentración del poder. La legalidad no garantiza, por sí sola, el respeto por los derechos fundamentales. La experiencia del 2 de agosto de 1934 demuestra cómo el uso estratégico de las leyes puede socavar los pilares del Estado de derecho y abrir paso a regímenes totalitarios.
El recuerdo de esta jornada, más allá de su carácter histórico, plantea un llamado a la vigilancia democrática. Comprender cómo ocurrió permite prevenir su repetición.
