“A Misiones llegaron diez mil avisos de suspensión”: el drama de las pensiones no contributivas bajo auditoría

Tatiana Antúnez advierte sobre miles de suspensiones en Misiones y anuncia acciones judiciales mientras ANDIS apela decisiones locales.
Desde el inicio de las auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) hasta julio, se habrían dado de baja unas 5.000 pensiones no contributivas en Misiones. Sin embargo, según estimaciones de Tatiana Antúnez, presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, el número podría duplicarse: alrededor de 10.000 notificaciones de suspensión fueron enviadas.

Caída real de los beneficios

A comienzos del año, Misiones contaba con 80.400 personas cobrando pensiones por discapacidad. En julio, esa cifra se redujo a 75.000.
Antúnez añade que no posee el detalle de los motivos porque ANDIS no ha entregado explicaciones oficiales sobre cada caso.

“Nos dicen que se retomará la auditoría”

Luego de la suspensión momentánea de algunas auditorías, las provincias y los organismos jurisdiccionales exigieron transparencia. Antúnez informó que ANDIS comunicó que:

• Se reprogramarán los turnos cancelados, como los de 25 de Mayo y Bernardo de Irigoyen. Primera Edición
• Las personas que no pudieron asistir a auditorías iniciales podrían ser revisadas por PAMI Misiones, con médicos locales, para completar evaluaciones. Primera Edición
• Que las constancias ya cargadas durante auditorías críticas serían reconocidas a efectos administrativos, aunque no está claro si ANSeS aceptará esos documentos. Primera Edición

A nivel nacional, ANDIS confirmó que sigue adelante con las auditorías y la reorganización institucional tras su intervención.

Conflicto judicial: apelaciones y recursos

En Misiones existen dos vías judiciales en marcha:

1. Un recurso iniciado por la Fiscalía de Estado ante la Corte Suprema contra las suspensiones sin proceso adecuado.
2. Casos testigo presentados en la justicia civil de Posadas, donde la jueza Carmen Helena Carbone dictó medidas que ANDIS apeló, elevando la causa a la Cámara Federal.

Mientras tanto, en otras provincias ya hay fallos que ordenan restituciones. En Catamarca, por ejemplo, la justicia provincial mandó reponer las pensiones suspendidas y congelar nuevas auditorías hasta sentencia definitiva.
En Formosa, una acción judicial obligó a ANDIS a restablecer prestaciones por discapacidad suspendidas, con pagos retroactivos y plazos para regularizar documentación.

Irregularidades denunciadas en el proceso local

El reclamo misionero pone foco en deficiencias graves del procedimiento:

• Auditorías sin médicos o con personal no especializado.
• Oficinas sin accesibilidad para personas con discapacidad.
• Entregas de “certificados de asistencia” en lugar de evaluaciones médicas, que muchas veces son rechazados por ANSeS.
• Plazos muy cortos para presentar documentación y funcionamiento cerrado de plataformas digitales si no se cumplen esos lapsos.
• Beneficiarios rurales que nunca recibieron notificaciones de auditoría pero sí la carta de suspensión, debido a que viven en zonas sin numeración postal adecuada.

Antúnez advierte que muchos beneficiarios con discapacidad intelectual no cuentan con los originales de estudios médicos, sino solo con copias, que a menudo no son aceptadas.

Lo que falta por aclarar

• Cuántas personas fueron realmente auditadas: Antúnez reconoció que no se conoce ese dato con precisión. Primera Edición
• Distribución de cartas de suspensión por tipo de pensión (discapacidad, vejez, madre de 7 hijos, trasplantados) no fue informada formalmente. Primera Edición
• Fechas de reanudación de auditorías y criterios de evaluación que se aplicarán en la próxima etapa.

Panorama final

La situación en Misiones revela un conflicto central: cómo balancear la legalidad y el control con la protección de personas en situación vulnerable. Las denuncias apuntan a que el proceso actual está lejos de ser justo y transparente. Las auditorías pueden ser legítimas, siempre que respeten el debido proceso, la accesibilidad, el derecho de defensa y la claridad en la comunicación.

El desenlace judicial en Misiones y en otras provincias será clave para fijar precedentes sobre cómo debe operar ANDIS en futuras revisiones. Mientras tanto, miles de personas siguen con incertidumbre sobre su sustento.