Cierre de Vialidad Nacional. Gobierno apela decisión
Una jueza federal ha puesto un freno temporal a la decisión del gobierno de disolver Vialidad Nacional. La magistrada Martina Forns suspendió por seis meses el decreto presidencial que ordenaba el cierre del organismo, tras una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA). Sin embargo, el gobierno ya confirmó, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, que apelará esta resolución judicial.
La suspensión judicial se fundamenta en que la Ley Bases (Nº 27.742) no otorgaba facultades delegadas para disolver un ente autárquico como Vialidad Nacional, creado por ley hace más de 93 años. Además, la jueza advirtió sobre el «riesgo cierto de un daño inminente e irreparable» para los trabajadores, que podría derivar en «traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamientos funcionales», violando derechos laborales protegidos por convenios colectivos. Desde el Ejecutivo, se justificó la disolución alegando «maniobras fraudulentas» vinculadas a casos de corrupción pasados y la promesa de un ahorro anual estimado de 100 millones de dólares para el Estado.
Este revés judicial abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro de la infraestructura vial del país y sus trabajadores. Mientras el Senado busca «blindar» el organismo, las funciones de Vialidad Nacional, de concretarse su disolución, serían asumidas por una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte y unidades dentro del Ministerio de Economía. La medida también generó el rechazo de otros gremios, cámaras empresariales y legisladores, con amparos presentados que evidencian la complejidad legal y política del caso, cuyo desenlace es aún incierto.
