Coimas en Discapacidad: Diputados avanzaron con el dictamen para citar a Karina Milei y Mario Lugones
La Cámara de Diputados dio ayer un paso decisivo en el escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): el plenario conjunto de las comisiones de Acción Social, Salud Pública y Asuntos Constitucionales aprobó con 41 firmas un dictamen que habilita la interpelación de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y del ministro de Salud, Mario Lugones. La iniciativa queda lista para su debate en el recinto, con chances de que la convocatoria se efectúe a comienzos de octubre.

El dictamen y las alianzas opositoras
El dictamen de mayoría contó con el respaldo de bloques como Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, el Frente de Izquierda y la diputada exlibertaria Marcela Pagano —que hoy forma el bloque Desarrollo y Coherencia. Por su parte, La Libertad Avanza y algunos legisladores del PRO firmaron el despacho de rechazo, quedando en minoría. Con este mandato en mano, la oposición busca llevar la interpelación al recinto con celeridad.
La diputada Sabrina Selva —una de las autoras del proyecto— advirtió que Karina Milei no podrá excusarse de concurrir al Congreso, dado que el reglamento de la Cámara permite citar a secretarios que ejercen funciones de jerarquía equivalente a ministra (artículo 204). En su discurso, Selva reclamó “explicaciones” sobre los audios difundidos y cuestionó la falta de respuestas ante los informes escritos presentados previamente.
Audios, Suizo-Argentino y el circuito de presuntas coimas
El origen del escándalo se remonta a agosto, cuando se filtraron audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS, en los que se alude a que Karina Milei recibiría “un 3 %” en concepto de coimas de laboratorios que contrataban con el organismo. Según esas grabaciones, los pagos habrían sido canalizados a través de la empresa Droguería Suizo Argentina, cuyos propietarios estarían involucrados en el manejo de los fondos indebidos.
En los allanamientos, se encontraron 266.000 dólares y 7 millones de pesos en sobres en la casa de Emmanuel Kovalivker —supuesto operador del esquema— mientras que su hermano, Jonathan, escapó dejando vacías las cajas de seguridad. El juez Sebastián Casanello ordenó el secuestro de celulares de Spagnuolo y de figuras señaladas como nexos, como Daniel Garbellini, quien habría facilitado conexiones entre la droguería y la agencia.
Según la oposición, esos documentos comprometen seriamente la responsabilidad política de Milei y Lugones en la gestión de contratos públicos bajo sospecha.
La estrategia de la oposición: interpelar o citar con fuerza pública
Además del dictamen para interpelar, el Congreso avanzó en mecánicas más agresivas para asegurar la comparecencia de los funcionarios que se ausentan sistemáticamente, sobre todo en el marco del caso $LIBRA. La comisión investigadora aprobó solicitar autorización judicial para recurrir al auxilio de la fuerza pública en caso de que los citados no concurran voluntariamente.
La propia Karina Milei fue convocada para una sesión informativa sobre $LIBRA, pero su viaje a Estados Unidos junto al presidente impidió su asistencia. Desde los bloques opositores advirtieron que esta segunda inasistencia justificaría el uso de facultades coercitivas. El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), al frente de la comisión, fijó plazo hasta el 30 de septiembre y advirtió que un nuevo incumplimiento facultará al cuerpo a recurrir a la fuerza.
También se liberaron nuevas citaciones: el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona; el exasesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales; y empresarios cripto vinculados al proyecto Libra fueron convocados para comparecer el 30 de septiembre.
Riesgos políticos y presiones institucionales
La decisión del plenario implica un desgaste político para el oficialismo. La interpelación abrirá un escenario de exposición y hostigamiento mediático que puede complicar la gobernabilidad, especialmente si emergen contradicciones o evasivas en las respuestas de los funcionarios citados. Además, el respaldo de sectores provinciales que tradicionalmente apoyan a Milei podría verse tensionado si trascienden nuevos detalles escandalosos.
Por su parte, el Gobierno probablemente tratará de demorar la elección del recinto o negociar un aplazamiento estratégico para ganar tiempo. En el oficialismo se especula que podrían emplearse maniobras dilatorias o apelaciones formales para frenar el tratamiento inmediato del dictamen. La reacción en redes sociales ya se anticipa agresiva: funcionarios afines y militantes digitales cruzan con virulencia adversarios que reclaman transparencia y sanciones.
Qué esperar: el paso al recinto y las respuestas
La definición final dependerá del resultado en el recinto. Si la interpelación es aprobada, Karina Milei y Mario Lugones deberán presentarse ante los diputados para responder a las acusaciones y preguntas de los bloques. Allí podrían emerger nuevas revelaciones o contradicciones que alimenten el caso judicial en curso.
En paralelo, la justicia federal sigue avanzando en la causa. El dictamen parlamentario podría alimentar pedidos de medidas cautelares, expansión de allanamientos o citaciones judiciales. El escándalo de ANDIS ya combina esfera política y penal, y esta etapa congresal marcará su punto de inflexión.
En definitiva, la oposición dio un paso contundente para obligar al Ejecutivo a rendir cuentas. El desafío ahora está en lograr que esas cuentas no sean meramente simbólicas, sino que arrojen claridad, responsabilidades y eventualmente sanciones efectivas.