El Estado cede tierras en Iguazú para control fronterizo
El Gobierno Nacional reasignó casi diez hectáreas en Puerto Iguazú a la Vicejefatura de Gabinete del Interior, buscando consolidar el control fronterizo en un punto neurálgico para la Triple Frontera, con el objetivo de optimizar la labor de los cerca de 350 agentes que operan en la zona y fortalecer la seguridad nacional.
En una decisión estratégica, el Estado Nacional ha dispuesto la reasignación de un predio de casi 9,8 hectáreas en la Ruta Nacional N.º 12 de Puerto Iguazú, Misiones. La medida, oficializada mediante la Resolución 63/2025, busca reforzar y centralizar las operaciones del Centro de Frontera Iguazú, un enclave fundamental para el control migratorio, aduanero y sanitario en la confluencia de Argentina, Brasil y Paraguay. Este terreno, que anteriormente estaba bajo la jurisdicción de la Dirección Nacional de Vialidad, ahora será administrado directamente por la Subsecretaría de Interior, dependiente de la Vicejefatura de Gabinete.
La transferencia de este espacio no es menor, ya que permitirá consolidar la presencia y operatividad de organismos clave en la seguridad y el control del tránsito internacional. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero, la Dirección Nacional de Migraciones, Gendarmería Nacional Argentina y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) son algunas de las entidades que ya desempeñan funciones en este punto estratégico. Se estima que alrededor de 350 agentes trabajan diariamente en el lugar, que además cuenta con infraestructuras como playas de estacionamiento, locales comerciales y oficinas en buen estado, facilitando las tareas de fiscalización y registro.
La medida se presenta como un esfuerzo para mejorar la eficiencia en la gestión de la frontera, optimizando los recursos y la coordinación entre las distintas fuerzas y organismos de control. En una región tan dinámica y con un flujo constante de personas y bienes, la centralización de estas operaciones busca fortalecer la capacidad del Estado para prevenir delitos transnacionales, controlar el ingreso y egreso de mercaderías, y garantizar la sanidad en el comercio y la migración.
Sin embargo, más allá de la optimización operativa, esta reasignación subraya la creciente prioridad que el Gobierno otorga al control y la seguridad en las fronteras, un tema sensible y de debate constante en la agenda pública. La efectividad de esta decisión se medirá en la capacidad real para desarticular redes delictivas y garantizar un flujo legal y seguro en uno de los pasos fronterizos más importantes del país.
