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El Gobierno promulga la ley de Emergencia en Discapacidad, pero congela su aplicación

Aunque la norma fue aprobada por el Congreso, el Ejecutivo la suspende hasta definir cómo financiarla.

Una promulgación con freno inmediato

El Gobierno argentino promulgó este lunes la Ley 27.793, que declara la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, la aplicación de la norma quedó en suspenso: el decreto publicado en el Boletín Oficial indica que no entrará en vigor hasta que el Congreso defina cómo se financiarán sus medidas.

Presión legislativa frente al veto presidencial

La promulgación de la ley se produjo tras el rechazo del Congreso al veto impuesto por el presidente Javier Milei semanas atrás, mediante el Decreto 534/25. El Poder Ejecutivo había argumentado entonces que el texto aprobado era inviable desde el punto de vista fiscal y carecía de respaldo presupuestario.

Una ley con alto costo social… y ¿fiscal?

Según los considerandos del nuevo decreto, la implementación total de la norma exigiría un presupuesto estimado de más de 3 billones de pesos —unos $3.019.508.900.000—, equivalentes al 0,35 % del Producto Bruto Interno (PBI). Desde el Gobierno se subraya que el Congreso no incluyó fuentes de financiamiento específicas ni partidas asignadas en el presupuesto nacional.

Qué contempla la ley de Emergencia en Discapacidad

La Ley 27.793 establece un amplio paquete de medidas orientadas a proteger y ampliar derechos para personas con discapacidad. Entre los puntos clave se incluyen:

. Fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), incluyendo auditorías con debido proceso inclusivo e informes anuales de ejecución.

. Creación de una nueva Pensión No Contributiva (PNC) con el 70 % del haber mínimo y mecanismos automáticos de actualización y compatibilidad con empleo formal.

. Garantía de cobertura de salud a través del Programa Incluir Salud y el Sistema de Prestaciones Básicas (Ley 24.901).

. Compensación de emergencia a prestadores por la pérdida frente a la inflación, aranceles móviles y un estudio anual de costos.

. Exención de contribuciones patronales por tres años para empleadores que contraten trabajadores con discapacidad.


Una decisión política con consecuencias sociales

Aunque la ley fue formalmente promulgada, su congelamiento en los hechos posterga la aplicación de políticas clave para una población históricamente vulnerable. Organizaciones de discapacidad ya habían reclamado urgencia en su implementación, advirtiendo sobre el impacto de la crisis económica en la continuidad de tratamientos, prestaciones y empleabilidad.

Sin presupuesto, sin ejecución

La suspensión deja en manos del Congreso la responsabilidad de definir cómo cubrir los costos de la ley. Sin asignación presupuestaria concreta ni acuerdo político sobre su financiamiento, el alcance real de esta emergencia declarada queda, por ahora, en el terreno de lo simbólico.



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