El Gobierno reactivará la reforma laboral con artículos del DNU 70/23 que la Justicia declaró inconstitucional
El Gobierno de Javier Milei prepara un nuevo proyecto de reforma laboral que recupera gran parte de los artículos anulados del DNU 70/2023, el decreto de desregulación económica que la Justicia declaró inconstitucional a comienzos de este año. La iniciativa, que se combinaría con disposiciones del decreto 340/25 sobre la Marina Mercante, apunta a reconfigurar el esquema de relaciones laborales en la Argentina y promete reavivar la tensión con los sindicatos y la oposición parlamentaria.
Según confirmaron fuentes oficiales, el texto está siendo elaborado por el Ministerio de Trabajo, encabezado por Julio Cordero, y el equipo económico de Luis Caputo, en coordinación con la Casa Rosada. La versión preliminar incluiría aspectos sensibles: la posibilidad de extender la jornada laboral, la reducción de las indemnizaciones y la creación de un fondo de cese laboral como alternativa al actual régimen de despidos.
El regreso del DNU laboral
El DNU 70/23 había sido presentado por Milei en diciembre de 2023 como la piedra angular de su programa de “desregulación total” del mercado laboral. Sin embargo, en enero de 2024, la jueza laboral Liliana Rodríguez Fernández declaró la invalidez de los artículos 73, 79, 86, 87, 88 y 97, por considerar que vulneraban derechos constitucionales de los trabajadores.
Aun así, el Ejecutivo busca ahora reintroducir esas mismas medidas, pero en forma de ley, lo que evitaría el cuestionamiento formal que recibió el decreto.
“El nuevo Congreso tiene la oportunidad de debatir con seriedad una reforma que le dé flexibilidad a las empresas sin quitar derechos”, explicó un funcionario cercano a Cordero.
Ultraactividad y paritarias por empresa
Entre los puntos más controvertidos figura la eliminación de la ultraactividad —el principio que mantiene vigentes los convenios colectivos vencidos hasta que se firme uno nuevo—. Como la mayoría de los acuerdos datan de 1974, su eliminación dejaría a miles de trabajadores sin marco legal inmediato.
El Gobierno también busca avanzar con un modelo de paritarias descentralizadas, donde las negociaciones se realicen por empresa y según productividad, un esquema impulsado por el sector empresario y resistido por la CGT.
“Si se logra la descentralización, cada patronal podrá imponer sus condiciones dentro de su empresa y el poder gremial se diluirá”, advirtió un abogado laboralista consultado.
Inspiración en el decreto de la Marina Mercante
El borrador oficial incorporaría elementos del decreto 340/25, que estableció un régimen de excepción para la Marina Mercante, declarando “servicio esencial” la navegación comercial. Esa norma, rechazada por el gremio SOMU y cuestionada por la oposición, limita el derecho de huelga al exigir una cobertura mínima del 75% del servicio normal durante los conflictos.
Fuentes del Congreso confirmaron que el Gobierno evalúa extender ese concepto a otros sectores estratégicos, como transporte, energía y logística, bajo la justificación de “evitar paralizaciones que afecten la economía nacional”.
Una apuesta política y judicial
El oficialismo confía en que la nueva composición del Congreso —tras las elecciones legislativas de 2025— le permitirá conseguir los votos necesarios para aprobar el proyecto. No obstante, el antecedente judicial del DNU 70/23 podría anticipar nuevos litigios.
“El Ejecutivo no renunciará a modernizar el sistema laboral. Pero lo hará esta vez dentro del marco institucional del Congreso”, señaló una fuente cercana al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Mientras tanto, los gremios preparan su respuesta. Desde la CGT ya anticiparon que considerarán “inaceptable cualquier intento de precarización”.
Si el proyecto avanza, la Argentina podría entrar en una de las discusiones laborales más profundas desde la reforma de los años noventa: una batalla política, económica y judicial que pondrá a prueba el equilibrio entre flexibilidad empresarial y protección de los derechos laborales en la era Milei.
