Eldorado y el precio del silencio institucional
«Un convenio millonario que expone la fragilidad institucional y el poder del monopolio en Eldorado».
Hay silencios que pesan más que las palabras; el que rodea al Convenio de Pago de $1.400 millones entre la Municipalidad de Eldorado y ETCE S.R.L. es uno de ellos.
Firmado para restablecer un servicio de transporte colapsado, el acuerdo parece haber comprado más que gasoil y colectivos: compró tiempo político. Pero a un costo que pone en entredicho la legalidad del acto y la autonomía institucional del municipio.
Un rescate con sabor a sometimiento
La historia no comenzó en octubre de 2025. Se gestó mucho antes, cuando el sistema de transporte urbano empezó a depender de subsidios nacionales que, al desaparecer, dejaron al concesionario al borde de la quiebra y al municipio sin respuestas. La empresa ETCE – KENIA (hoy Grupo Horianski), dueña del monopolio local, suspendió servicios, presionó con demandas y, finalmente, logró lo que pocos actores privados consiguen: que el Estado le firme un cheque en blanco disfrazado de “acuerdo transaccional”.
El intendente Rodrigo «Pipo» Durán, enfrentado a la amenaza de un fallo judicial “imposible de dimensionar”, firmó un convenio por $1.400 millones, de los cuales $1.200 millones quedaron indexados al valor del combustible Infinia Diésel. Es decir, el municipio no pagará una suma fija, sino una cantidad de litros: una fórmula que ata los recursos públicos al precio del petróleo, garantizando la rentabilidad futura del concesionario.
«La ecuación es simple: la empresa no corre riesgos, la ciudad sí».
La línea borrosa entre urgencia y legalidad
El problema no es solo financiero. Es institucional. La Carta Orgánica de Eldorado es clara: el intendente puede celebrar contratos, pero solo dentro del presupuesto aprobado. Además, cualquier compromiso extraordinario o uso del crédito público debe ser autorizado por el Concejo Deliberante, con una mayoría calificada de dos tercios.
Sin embargo, el Convenio de Pago no hace mención alguna a una ordenanza ni a la aprobación del cuerpo legislativo. Y aunque el Concejo Deliberante tratará el tema la próxima semana, todo indica que la ordenanza sería ratificada, ya que varios concejales firmaron previamente el acuerdo, validando de hecho una decisión ejecutiva antes de su tratamiento formal.
Esa anticipación no solo anticipa el resultado político; expone la subordinación institucional. Cuando los órganos de control actúan como escribanía del Ejecutivo, el sistema republicano se convierte en formalidad.
Si el Concejo aprueba el acuerdo sin auditar sus fundamentos financieros ni exigir un dictamen técnico independiente, no estará resolviendo una crisis: estará institucionalizando la dependencia del Estado municipal respecto de una sola empresa. Un monopolio que, lejos de ser regulado, termina condicionando las decisiones políticas y presupuestarias de toda la ciudad.
El costo político del monopolio
El caso ETCE revela algo más profundo: la dependencia estructural del municipio respecto de un solo operador. En una ciudad donde la gratuidad para adultos mayores y estudiantes está garantizada por ley, pero sin una compensación sostenida, el modelo de concesión se volvió insostenible. La empresa usó esa fragilidad como herramienta de presión, y el municipio cedió.
Este tipo de acuerdos no solo vacían las arcas públicas, también erosionan la autoridad institucional. Cada vez que un intendente firma bajo presión empresarial, la balanza del poder se inclina hacia el sector privado, debilitando la capacidad del Estado para regular, fiscalizar y decidir.
Cómo blindar el futuro
Para evitar que Eldorado repita este ciclo de crisis y rescate, es necesario que el Concejo Deliberante reglamente un límite extraordinario de gasto que el Ejecutivo no pueda sobrepasar sin su aprobación expresa. Asimismo, urge fortalecer la autonomía del Ente de Contralor de Servicios Públicos, dándole independencia financiera y poder sancionatorio real.
Y, sobre todo, es hora de institucionalizar la Audiencia Pública como paso obligatorio antes de aprobar compromisos financieros o ajustes tarifarios de gran impacto. Si el pueblo paga el precio, el pueblo debe poder opinar antes de firmar la factura.
La democracia cuesta, pero la omisión cuesta más
Eldorado no enfrenta solo una crisis de transporte: enfrenta una crisis de autoridad democrática. El Convenio de Pago resolvió una urgencia, pero dejó abierta una herida en la legalidad. La Carta Orgánica no es un obstáculo burocrático; es el muro que protege a la comunidad de decisiones unilaterales.
Cuando ese muro se salta en silencio, lo que colapsa no es el servicio, sino la confianza en el Estado. Y ese es un precio que ninguna ciudad debería pagar.
