Justicia de EE.UU. ratifica entrega de acciones YPF, Argentina apelará
La jueza Loretta Preska, de Nueva York, desestimó la solicitud de Argentina de frenar la ejecución de la sentencia por la expropiación de YPF, reafirmando la orden de transferir el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los fondos que ganaron el litigio.
Esta decisión representa un nuevo y duro golpe para el Estado nacional, que ya había sido condenado a pagar 16.099 millones de dólares en compensación por la expropiación realizada en 2012 durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. A pesar del revés, el Gobierno argentino ha confirmado que continuará su estrategia legal, ya habiendo apelado el fallo ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito.
La defensa argentina sostiene que la medida de Preska vulnera el derecho federal estadounidense:
Según argentina, esta medida vulnera la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional. Además, argumentan que obligar a Argentina a transferir las acciones la forzaría a incumplir su propia legislación nacional, que exige una ley del Congreso aprobada por dos tercios para tal traspaso, tal como ocurrió en 2012. Este escenario, según los abogados, implicaría un daño irreversible al control estatal de YPF y un posible «ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial». De hecho, anticipando un posible embargo, los letrados argentinos decidieron apelar de forma anticipada para ganar tiempo y elevar el caso a una instancia superior.
La batalla legal se perfila como larga y compleja, con la apelación actual que podría extenderse por al menos dos años, sin descartar la posibilidad de llegar incluso a la Corte Suprema de Estados Unidos. Mientras tanto, los fondos litigantes insisten en abrir un proceso de negociación con altos funcionarios del gobierno de Javier Milei, en una reunión clave prevista para el 15 de julio en Nueva York.
Es importante destacar que YPF, la empresa en sí, no forma parte directamente de este juicio, sino que sus acciones se han convertido en el «botín» de un conflicto entre actores privados y el Estado nacional, lo que genera incertidumbre sobre su futuro y el de las provincias y bonistas que también podrían verse afectados
