Justicia Federal en Puerto Iguazú. Habilitan juzgado tras años de espera
Después de más de una década desde su creación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación finalmente dispuso la puesta en marcha del Juzgado Federal de Primera Instancia en Puerto Iguazú, Misiones, designando al magistrado Marcelo Alejandro Cardozo como su titular y confirmando una dotación completa de personal.
En una decisión largamente esperada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha oficializado la habilitación del Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en Puerto Iguazú, Misiones. A través de la Acordada N° 19/2025, el Máximo Tribunal no solo dio luz verde a su funcionamiento, sino que también autorizó a la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas a tomar juramento al Dr. Marcelo Alejandro Cardozo, designado como el primer titular de este importante órgano judicial. La puesta en marcha de este juzgado es calificada por la propia Corte como una «prioridad insoslayable», a pesar de que su creación se remonta al año 2011 mediante la ley N° 26.711.
Para garantizar la «correcta prestación del servicio de justicia», la resolución Nº 1531/2025 de la Corte Suprema también estableció la creación de 18 cargos esenciales para la dotación del nuevo juzgado. Esta estructura incluye personal tanto administrativo como técnico y de servicio, asegurando el soporte necesario para el funcionamiento judicial. Entre los puestos clave se encuentran un Juez de Primera Instancia, dos secretarios de Juzgado, dos prosecretarios administrativos, y una serie de oficiales y escribientes que totalizan dieciocho personas.
Impacto y relevancia para la región:
La tan postergada habilitación de este juzgado representa un paso crucial para la administración de justicia en la región de Puerto Iguazú y, por extensión, para toda la provincia de Misiones. Tras más de una década de espera desde su sanción, la concreción de este proyecto promete acercar la justicia federal a los ciudadanos, agilizando trámites y resolviendo causas que antes requerían desplazamientos y mayores demoras.
Aunque la prioridad es reconocida ahora, el tiempo transcurrido desde la creación de la ley original en 2011 sin su plena implementación invita a reflexionar sobre los desafíos en la materialización de infraestructuras judiciales esenciales. Esta habilitación busca fortalecer la presencia del poder judicial en una zona de alta relevancia, impactando directamente en la vida cotidiana de sus habitantes.
