La Corte Suprema dejó firmes dos condenas contra Guillermo Moreno y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos
El exsecretario de Comercio del kirchnerismo tiene dos sentencias: una por amenazas en Papel Prensa y otra por el uso de fondos públicos para financiar el “cotillón anti-Clarín”.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes dos condenas contra Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior durante los gobiernos kirchneristas, y confirmó además su inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
El máximo tribunal, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró “inadmisibles” los recursos presentados por la defensa del exfuncionario en dos causas distintas: una por amenazas coactivas durante una asamblea de Papel Prensa y otra por peculado y uso de fondos públicos en el denominado caso del “cotillón anti-Clarín”.
Ahora, los tribunales orales que dictaron las condenas deberán resolver si corresponde unificar las penas, lo que podría derivar en prisión efectiva en caso de superar los tres años.
Guillermo Moreno no podrá volver a ocupar cargos públicos
Condena por amenazas en Papel Prensa
La primera condena fue dictada en 2022 por el Tribunal Oral Federal N°8, que lo halló culpable de amenazas coactivas durante una reunión de accionistas de Papel Prensa S.A. realizada el 12 de agosto de 2010.
Según la sentencia, Moreno —entonces representante del Estado en la empresa— protagonizó un episodio violento: colocó guantes de boxeo y un casco de sparring sobre la mesa de autoridades y desafió a los presentes a “dar la pelea”. En otro momento, exclamó: “Acá no se vota nada. Las mujeres para atrás y demos la pelea que hay que dar”.
Durante la asamblea, el exfuncionario también amenazó a los accionistas privados, ordenó apagar las luces y cubrir las cámaras que registraban el encuentro.
El tribunal —integrado por los jueces Nicolás Toselli y Sabrina Namer— lo condenó a dos años de prisión en suspenso y a seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos, mientras que la magistrada Gabriela López Iñíguez votó por la absolución.
En 2023, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia. En su voto, el juez Daniel Petrone sostuvo que “la responsabilidad del condenado fue fundada en diversos elementos probatorios” y que hubo una “minuciosa reconstrucción” de los hechos. Su colega Diego Barroetaveña adhirió al fallo, mientras que Ana María Figueroa, ya retirada, votó en disidencia.
La defensa de Moreno recurrió a la Corte Suprema, que rechazó el planteo por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, confirmando así la condena.
El caso del “cotillón anti-Clarín”
La segunda causa tiene que ver con la utilización de fondos públicos para financiar artículos de propaganda política con consignas hostiles hacia el Grupo Clarín, entre 2011 y 2013.
En diciembre de 2017, el Tribunal Oral Federal N°7 condenó a Moreno a dos años y seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, por los delitos de peculado e incitación a la violencia colectiva.
La investigación determinó que se usaron recursos del Mercado Central de Buenos Aires —entonces bajo su órbita— para producir carteles y merchandising con frases como “Clarín Miente” y “Clarín, Cadena Nacional del Desánimo”.
También fueron condenados los exfuncionarios Fabián Dragone y Guillermo Cosentino, ambos dependientes de Moreno, a dos años de prisión en suspenso.
En 2019, la Sala IV de Casación Penal confirmó el fallo y rechazó los recursos de la defensa, ratificando que se trató de un uso indebido de fondos públicos con fines partidarios.
Próximos pasos judiciales
Tras la decisión de la Corte Suprema, los Tribunales Orales Federales N°7 y N°8 deberán definir si corresponde unificar las penas impuestas. Si el total supera los tres años de prisión, la condena podría transformarse en efectiva.
De esta manera, Guillermo Moreno queda con dos condenas firmes y una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, un cierre judicial a dos de los episodios más controvertidos de su paso por la administración kirchnerista.
