Passalacqua presenta amparo por pensiones por discapacidad ante la Corte Suprema
El gobernador de Misiones instruyó al fiscal de Estado a presentar un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para exigir la restitución de pensiones por discapacidad suspendidas desde marzo. La medida se inscribe en un contexto de creciente malestar social y presión institucional hacia la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Una decisión política con impacto social inmediato
El gobernador Hugo Passalacqua sorprendió ayer con un anuncio de alto voltaje político e institucional: la provincia de Misiones presentará un amparo colectivo ante la Corte Suprema para reclamar la restitución inmediata de miles de pensiones por discapacidad que fueron dadas de baja o suspendidas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desde marzo de este año.
Según estimaciones oficiales, más de 7.000 beneficiarios misioneros se vieron afectados por recortes o demoras en las liquidaciones, lo que generó un clima de incertidumbre en familias que dependen de ese ingreso para cubrir necesidades básicas de salud, movilidad y asistencia cotidiana. Passalacqua describió la situación como “un atropello a los derechos adquiridos de nuestros ciudadanos más vulnerables”.
El amparo busca que la Corte Suprema ordene a la Nación restituir los pagos en carácter de medida cautelar mientras se resuelve el fondo de la cuestión. Se trata de un paso jurídico excepcional que coloca a Misiones en la primera línea de un conflicto que ya había generado protestas en diferentes puntos del país.
Contexto: crisis institucional y presión ciudadana
El reclamo de Misiones no surge en el vacío. En las últimas semanas, se multiplicaron las denuncias por falta de organización en las auditorías que la ANDIS implementó en distintas provincias. En Bernardo de Irigoyen, por ejemplo, beneficiarios relataron que viajaron largas distancias para encontrarse con oficinas cerradas o procedimientos postergados sin previo aviso.
A esto se suma la polémica nacional por los dichos del entonces titular de la ANDIS, quien fue cuestionado por expresiones consideradas discriminatorias hacia las personas con discapacidad, lo que terminó precipitándole la renuncia. Ese episodio aceleró la decisión del gobierno misionero de judicializar el caso, interpretando que no se trataba de errores aislados, sino de una política deliberada de ajuste que golpea a sectores sin margen de defensa.
Organizaciones civiles, ONGs y grupos de familiares ya habían pedido la intervención de la provincia. Con el amparo, se abre una nueva etapa en la estrategia de presión, que no solo busca restitución económica, sino también reconocimiento institucional de la vulneración de derechos.
Implicancias para la comunidad y para el ecosistema emprendedor
Si bien la cuestión principal es de carácter social y humano, la suspensión de las pensiones tiene también un impacto económico indirecto. En muchas localidades de Misiones, las pensiones representan una fuente de ingreso circulante que sostiene pequeños comercios, farmacias, transportes adaptados y servicios de cuidado. Cuando esos recursos se interrumpen, la contracción se siente en la caja de emprendedores y pymes que dependen del consumo cotidiano de esas familias.
Desde la perspectiva emprendedora, este conflicto resalta la necesidad de diseñar soluciones inclusivas en ámbitos como salud digital, asistencia domiciliaria, transporte adaptado y capacitación laboral para personas con discapacidad. Si se restablecen las pensiones, volverá parte de la liquidez perdida; si no, los emprendedores del sector social tendrán que innovar con modelos sostenibles que combinen recursos públicos, privados y comunitarios.
Además, el amparo puede sentar un precedente jurídico: si la Corte acepta tratar el caso y falla a favor de Misiones, otras provincias podrían replicar la estrategia, lo que obligaría al Estado nacional a revisar su política de auditorías y recortes. Para el entramado emprendedor, esto significaría mayor previsibilidad en torno a un segmento de mercado sensible, donde la seguridad jurídica y financiera es clave para planificar inversiones.
Próximos pasos y expectativas
El fiscal de Estado de Misiones, junto con un equipo de abogados especializados en derecho constitucional y seguridad social, será el encargado de redactar y presentar el recurso. Se espera que en paralelo la provincia articule con legisladores nacionales para darle respaldo político al reclamo en el Congreso.
Mientras tanto, organizaciones de discapacidad convocaron a movilizaciones y actividades culturales de visibilización en Posadas y Oberá durante el fin de semana. La consigna es clara: “sin pensiones, no hay derechos”.
En conclusión, la decisión de Passalacqua de acudir a la Corte Suprema marca un punto de inflexión en la relación entre Misiones y la Nación en materia de políticas sociales. Es, además, una señal de que la provincia no solo acompaña el reclamo ciudadano, sino que está dispuesta a litigar en defensa de sus habitantes más vulnerables. Para emprendedores y actores económicos locales, el desenlace de esta causa también será un indicador de estabilidad y de oportunidades para seguir construyendo una economía inclusiva y resiliente.
