Reestructuración Vial. Organismos disueltos y nueva conformación
El Ejecutivo nacional profundiza su plan de ajuste disolviendo tres entidades vitales y redefiniendo las funciones de otras dos, prometiendo mayor eficiencia y ahorro estatal en el sector.
En un giro radical para el sector del transporte terrestre, el Gobierno ha oficializado la disolución de tres organismos fundamentales: la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV). La medida, formalizada por decreto antes del fin de las facultades extraordinarias, también implica una reorganización profunda de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), ahora renombrada Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos, y la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), que se concentrará en la aviación. Este drástico movimiento, justificado por la administración bajo la premisa de «reducir costos y eliminar duplicidades», busca centralizar el control y la fiscalización bajo nuevas estructuras, generando interrogantes sobre la continuidad de servicios clave y la supervisión en rutas y vías.
La reconfiguración impacta directamente en la gestión vial y la seguridad:
Las funciones de la disuelta Vialidad Nacional se repartirán entre el Ministerio de Economía para obras troncales, la nueva Agencia de Control de Concesiones para la planificación y el Consejo Vial Federal para la coordinación provincial. Mientras tanto, la Secretaría de Transporte asumirá las licencias y políticas de seguridad vial que antes gestionaba la ANSV, y la Gendarmería Nacional se encargará del control y fiscalización del tránsito en rutas nacionales. El Gobierno ha argumentado que esta reestructuración, especialmente en el caso de la DNV, busca eliminar lo que considera una doble función de adjudicación y control de contratos, además de promover una mayor participación del sector privado y una descentralización de la red vial. Se estima un ahorro anual de 100 millones de dólares solo con la eliminación de la DNV, organismo que, según el Ejecutivo, estaba «sobredimensionado» con más de 5.000 empleados.
Sin embargo, la celeridad de los cambios y la envergadura de la reforma plantean desafíos significativos. La Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos heredará la fiscalización de concesiones viales, servicios automotores y ferroviarios, la aplicación de sanciones y la gestión de reclamos de usuarios, entre otras tareas vitales. La investigación de siniestros automotores y ferroviarios, antes concentrada en la JST, ahora se desglosa entre la Secretaría de Transporte y la misma Agencia de Control. Si bien el objetivo declarado es un modelo más «ágil y profesionalizado» y la eliminación de «cajas de la política», el traspaso de responsabilidades y la concentración de poder en nuevas o redefinidas estructuras generan incertidumbre sobre la operatividad inmediata y la capacidad de respuesta ante las necesidades de un sistema de transporte tan vasto y complejo, impactando directamente en la experiencia y seguridad de los usuarios a nivel nacional.
