Vialidad Nacional se reestructura. Gobierno impulsa su cierre definitivo
El Gobierno disuelve organismos clave de transporte y vialidad, mientras reorganiza la fiscalización con el fin de generar millonarios ahorros para el Estado.
El gobierno de Javier Milei ha ordenado el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, una decisión anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro Federico Sturzenegger. La medida, que se concretará con la publicación de los decretos correspondientes en el Boletín Oficial, busca «firmar el acta de defunción» de la corrupción en la obra pública, según declararon los funcionarios. En simultáneo, se reorganizan otras entidades como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que se transformará en la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, prometiendo una nueva era de transparencia y eficiencia en el sector.
Esta drástica reestructuración se enmarca en el vencimiento de las facultades delegadas y se justifica con fuertes acusaciones sobre el manejo previo de los fondos públicos. El Gobierno recordó la «Causa Vialidad», que investigó irregularidades y contratos amañados en obras viales entre 2003 y 2015, resultando en la condena de la expresidenta Cristina Kirchner. Se estima por parte del Gobierno que solo la disolución de Vialidad Nacional generará un ahorro anual de 100 millones de dólares para el Estado, sumándose a los 2.000 millones de dólares anuales de ahorro atribuidos a los 65 decretos delegados promulgados en el último año.
Con estos cambios, las funciones de los organismos disueltos y reorganizados se redistribuirán entre la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, la Gendarmería Nacional y las nuevas agencias, orientándose hacia un esquema de concesiones y tercerización con el sector privado que, según el Gobierno, garantizará mayor control y transparencia. Además, se anunció la licitación de 9.120 kilómetros de rutas, buscando recuperar infraestructura vial que, tras décadas, se encuentra «degradada como nunca antes». El gobierno de Milei ha enfatizado que, a diferencia de gestiones anteriores, no buscará prorrogar las facultades delegadas, argumentando que las utilizaron por un año con un propósito claro de acelerar reformas económicas y respetar la Constitución.
