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Zona Franca en Posadas: preocupación empresarial por posible concentración en una sola firma

Comerciantes locales advierten por el riesgo de competencia desleal y reclaman reglas claras.

La reciente ampliación de la Zona Franca de Puerto Iguazú hacia las ciudades de Posadas y Bernardo de Irigoyen, anunciada oficialmente por el Gobierno nacional a través del Boletín Oficial, fue recibida con entusiasmo institucional pero también con señales de alerta por parte del sector comercial posadeño. Empresarios advierten que la medida, lejos de representar una solución a las históricas asimetrías con Paraguay y Brasil, podría agudizar los problemas si termina favoreciendo a una sola empresa.

El foco de la inquietud gira en torno a la posible instalación de un duty free shop administrado por London Supply Group, actual concesionario de la zona franca en Puerto Iguazú. La Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP) expresó su preocupación por la falta de precisiones respecto al marco regulatorio y a los actores involucrados en la implementación.


“Puede dejar fuera de escala al comercio local”

Manuel Amores, presidente de la CCIP, advirtió que si se reproduce el modelo de Iguazú en Posadas sin contemplar el contexto económico de la capital provincial, el impacto sobre las pequeñas y medianas empresas puede ser devastador.

“Estamos frente a un escenario de altísima carga impositiva. Un producto que se vende en un comercio tradicional tiene una presión tributaria cercana al 50%, entre IVA, Ingresos Brutos y tasas municipales. En ese marco, competir con un duty free que vende libre de impuestos es prácticamente imposible”, sostuvo Amores.

La entidad empresaria solicitó reuniones con autoridades provinciales y eventuales inversores para plantear la necesidad de diseñar una zona franca inclusiva, que no deje al margen al comercio local ni afecte el empleo formal.

Un pedido histórico, con una respuesta parcial

El empresario posadeño Carlos D’Orazi fue aún más contundente al calificar el esquema como “contrario al reclamo histórico del sector comercial”. En declaraciones radiales, señaló: “Esto no responde a lo que pedimos durante años. Lo que queremos es que todos los comercios tengan acceso a beneficios reales para vender a clientes extranjeros. Este formato concentra el negocio en una sola empresa”.

Según D’Orazi, la implementación de un sistema de franquicias fronterizas, que habilite a los comercios locales a operar con beneficios fiscales y vender a ciudadanos paraguayos o brasileños, sería una alternativa mucho más justa y efectiva para dinamizar la economía local.

“El objetivo es que la provincia recaude más y que haya más trabajo, no que una sola firma concentre los beneficios mientras cientos de locales quedan en desventaja”, remarcó.

Una medida con respaldo oficial, pero dudas sobre su ejecución

Desde el oficialismo provincial, el Frente Renovador de la Concordia destacó la decisión del Gobierno nacional como una política de Estado fruto de gestiones provinciales. La ampliación se enmarca en el objetivo de igualar las condiciones competitivas en ciudades limítrofes que conviven a diario con regímenes fiscales más laxos en Paraguay y Brasil.

La Resolución 1449/2025, firmada por el ministro Luis Caputo, autoriza a extender la zona franca de Puerto Iguazú a Posadas e Irigoyen, permitiendo actividades comerciales, industriales y de servicios bajo supervisión aduanera.

Sin embargo, hasta el momento no se han definido públicamente los mecanismos de implementación ni los criterios para la selección de operadores o “usuarios” —figura legal que permite desarrollar actividades dentro del régimen—. Esa indefinición es, para los comerciantes, el punto más sensible de la normativa.

Expectativa y cautela en el sector privado

En el corto plazo, el desafío será encontrar un equilibrio entre la necesidad de atraer inversión y turismo mediante incentivos fiscales y la urgencia de proteger a los actores económicos locales, ya golpeados por la caída del consumo y la competencia informal.

Mientras tanto, la expectativa en el sector privado sigue marcada por la cautela: reconocen el valor estratégico de la medida, pero insisten en que el éxito dependerá de cómo se reglamente y, sobre todo, de que no se convierta en un privilegio para unos pocos.


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